El derecho al llamado buen gobierno y a la rendición de cuentas son principios consagrados en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Para hacerlos valer, no sólo se necesitan elecciones libres, limpias y competitivas, sino también de la participación social efectiva que permita incorporar las funciones de exigencia y control por el cumplimiento de los mandatos constitucionales, más allá del voto. ¿De qué manera se ejercitan estos derechos colectivos? ¿Cómo se articulan las redes de organizaciones vecinales y comunitarias en el espacio público y qué tipo de frentes civiles emplean para cumplir con sus funciones? Tras desentrañar la manera en la que se conducen los presupuestos participativos en cuatro de las hoy alcaldías, el autor nos acerca a la realidad para entender los aspectos comunes en las prácticas de control social y nos invita a repensar sobre sus verdaderos alcances.