A partir de la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, el sistema de partidos, el sistema electoral y los instrumentos de participación ciudadana han sido motivo de reformas legales que gradualmente perfeccionaron los mecanismos de acceso y distribución del poder político en México. Sin embargo, la ineficacia del Estado de Derecho sigue representado el principal obstáculo para la consolidación de la democracia y contribuye con las brechas de desigualdad económica y social por los altos índices de corrupción en los ámbitos público y privado.
El autor aborda la compleja relación entre el Estado de Derecho, la democracia como forma de gobierno en México y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en sus distintas etapas. Único en su tipo, este sistema incorpora órganos de participación ciudadana y la coordinación de los tres niveles de gobierno para articular y evaluar la política en materia de combate a la corrupción. No obstante, a pesar del mandato constitucional para la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción, la agenda política en los estados de la República responde a incentivos diferentes. Algunas de las entidades federativas con los más altos índices de corrupción no tienen la legislación adecuada ni las instancias necesarias de participación ciudadana para su funcionamiento óptimo.